La Reforma Constitucional en Materia Energética publicada en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2013, se tradujo en la creación de nueve leyes, reformas, adiciones y derogaciones a doce instrumentos normativos del marco jurídico complementario en la materia.

Se implementaron nuevas figuras de derecho público para garantizar la liberalización ordenada y regulada de las actividades relativas a la exploración, explotación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de gas natural y petróleo, y la generación y comercialización de energía eléctrica.

Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética -Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía - así como la Agencia de Seguridad , Energía y Ambiente (ASEA), coexisten administrativamente generando la normatividad y la regulación técnica, vigilando su aplicación, así como el régimen de permisos y autorizaciones, dejando a cargo a nuevas entidades operativas - Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) y Centro Nacional de Control de Energía (CENACE); en ese esquema de control complementario adoptado por el modelo de reforma.

Este nuevo contexto, abre, por una parte, nuevas oportunidades de negocio para que los agentes económicos aprovechen el potencial de la Reforma Energética y para los gobiernos estatales y municipales en la búsqueda de eficiencia energética.

Así mismo, dentro de los 17 objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, por su relación en materia de desarrollo energético sustentable destacan lo siguientes 6 objetivos: Fin de la Pobreza; Energía Asequible y No Contaminante; Trabajo Decente y Crecimiento Económico; Industria, Innovación e Infraestructura; Ciudades y Comunidades Sostenibles y Acción por el Clima. Los cuales requieren el alineamiento de Políticas Públicas y la participación de los sectores, público, social y privado para lograrlos.

En el ámbito privado, se presenta un enorme reto para los contratistas y permisionarios del sector energético en el cumplimiento regulatorio de sus negocios y ante nuevos instrumentos e instancias de fiscalización de sus actividades económicas, en cuanto a la trazabilidad de la molécula, la transferencia de custodia, medición y control volumétrico y calidad de los productos. Así como en la generación eléctrica y control de perdidas no técnicas.

En este sentido, los cambios jurídicos y estructurales derivados de la reforma energética, requieren de servicios integrales especializados en la materia, que se otorguen de manera eficiente y oportuna.